BOGOTA (Reuters) - Los legisladores de una comisión de la Cámara de Representantes de Colombia renunciaron el miércoles por falta de garantías para cumplir con sus funciones de investigación de acusaciones contra autoridades, dejando en el limbo procesos contra el presidente y magistrados.

La Comisión de Investigación y Acusación, conformada por 15 legisladores y considerada una de las más ineficientes, tiene a su cargo unos 2.000 procesos penales y disciplinarios contra el presidente Alvaro Uribe, el fiscal general y magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.

"Se ha tomado la decisión de renunciar, la totalidad o la gran mayoría de los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación por falta de garantías en el trabajo, porque no se entregan los instrumentos ni recursos necesarios", dijo a periodistas el representante Germán Olano.

"Llevamos este año sin tener un asesor, no se ha modernizado, los términos están corriendo, hay una acumulación de expedientes y se congeló el accionar. Si no es eficiente, si no está cumpliendo la tarea, lo mejor es tomar la decisión de salvar responsabilidades", agregó el legislador.

Olano aseguró que la plenaria de la Cámara de Representantes deberá nombrar a nuevos integrantes de la comisión, pero planteó un debate a fondo sobre la conveniencia de mantenerla o eliminarla a través de una reforma a la Constitución.

"Lo que queremos es que el país empiece un debate de verificar si esa es una institución en donde se puedan adelantar eficientemente las investigaciones a los magistrados y el presidente, o si nos toca reformar la Constitución y la ley para buscar un escenario que no conlleve a la impunidad o la falta de diligencia", explicó Olano.

La Comisión de Investigación y Acusación es considerada ineficiente debido a que rara vez prosperan las averiguaciones y procesos que realiza contra el presidente o los magistrados de las altas cortes.

Normalmente el presidente en ejercicio, el fiscal y los magistrados son acusados ante esa comisión por presuntos delitos o faltas disciplinarias, pero los procesos se archivan por vencimiento de términos sin que los implicados sean llamados a declarar en la mayoría de los casos.

(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Silene Ramírez)

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