SAN JUAN (AP) - "Trabajo es igual a vida" es el lema con el que los sindicatos puertorriqueños simularon el viernes un cementerio a la vera de una importante autopista para denunciar la "masacre laboral" del gobierno de Luis Fortuño.

Casi 2.100 empleados públicos quedarían cesantes al terminar la jornada, como parte de un plan de despidos masivos ideado por el gobierno para subsanar un déficit fiscal de 3.200 millones de dólares.

Centenares de empleados públicos se tiraron a la calle al mediodía y paralizaron el tráfico en una importante avenida del país y en un túnel que da acceso al área metropolitana, para reclamarle al gobierno que revierta el plan de despidos.

El secretario de Estado, Kenneth McClintock, rechazó las posibilidades de dar marcha atrás al plan de cesantías o de reducir la jornada laboral a los más de 153.000 trabajadores del gobierno central.

"Si eso se implantara ahora, habría que reducir la jornada laboral en un 40%, quiere decir que el que gana 2.000 dólares ganaría 1.200 dólares, en vez de trabajar cinco días a la semana, trabajaría tres", lo que crearía, dijo, un caos económico "enorme".

"Soy el sustento mayor en la familia, estoy tan desesperada", expresó angustiada a la AP Carmen Reyes Pérez, madres de dos hijas y quien trabaja con el gobierno desde hace 13 años y quien recibió una notificación de despido.

Como parte de las variadas protestas ciudadanas, un grupo de estudiantes llegó hasta la mansión ejecutiva para entregarle una carta de despido a Fortuño "por atentar contra el bienestar público". También prepararon el borrador de un proyecto de ley que llevarán a la Legislatura para que se eleve a rango constitucional el referéndum revocatorio, con la intención de sacarlo del poder.

Desde tempranas horas de la mañana, las ondas radiales se llenaron de ciudadanos protestando las cesantías y criticando al mandatario.

"Me arrepiento mil veces de haber votado por él (Fortuño)", dijo acongojada la madre soltera Maribel Santiago Berríos, quien dijo no saber cómo mantendrá a sus cuatro hijos a partir de este viernes.

La Junta de Reestructuración Económica y Fiscal (JREF), nombrada por el mandatario, despidió en septiembre casi 17.000 empleados públicos, cifra que se redujo a 15.000, de los cuales 2.097 se quedan desempleados este viernes.

El resto de los despidos entrarán en efecto en enero, unos porque esa era su fecha inicial de efectividad y otros porque fueron pospuestos para corregir errores en el proceso legal de notificación a los sindicatos que los representan.

En mayo, fueron cesados 4.802 empleados estatales más.

Se espera que la plantilla laboral del gobierno central se haya reducido de 153.500 a 133.500 en enero, lo que representará 386 millones de dólares en ahorros, de acuerdo al presidente del JREF, Carlos García.

La tasa de desempleo de la isla es de 16,4%.

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