La Paz, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Evo Morales anunció hoy un decreto supremo por el que las Fuerzas Armadas cooperarán con la policía en la ciudad oriental de Santa Cruz para reforzar la seguridad ante el incremento de la delincuencia que ha experimentado esa urbe.

"Después de recabar informaciones de las distintas instancias del Estado boliviano sobre la delincuencia que vive el pueblo cruceño, hemos pedido al mando policial y militar preparar un operativo de acción conjunta para atajar la delincuencia", afirmó Morales al presentar el nuevo plan de seguridad en Santa Cruz.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, explicó que los militares participarán "por este caso de emergencia por el aumento de la violencia en Santa Cruz en tareas de patrullaje, preventivas, educativas e inclusive realicen tareas de detención ante acciones flagrantes en coordinación con la policía boliviana".

San Miguel justificó que con esta decisión se pretende proteger al ciudadano "y no alterar su vida en Santa Cruz o en otras ciudades del país" donde eventualmente se requiera aplicar esta medida.

Asimismo, el ministro de Morales anunció la creación de una comisión de seguimiento de los procesos penales "para ver en qué manera el trabajo de las fuerzas de seguridad es efectivo" y para comprobar que los crímenes no queden en la impunidad.

En este sentido, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, pidió a los miembros del Poder Judicial que "contribuyan a dar seguridad" para que los delincuentes que entran a las cárceles no salgan a la calle hasta que cumplan íntegramente sus penas.

La comisión de seguimiento estará presidida por el Ministerio de Justicia y conformada por el Ministerio de Transparencia, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales, explicó San Miguel.

Por otra parte, el presidente Morales instó al Congreso a aprobar un anteproyecto de ley que impulsa su Gobierno para modificar el código penal y la ley de consejo de judicatura para mejorar la seguridad ciudadana.

"Con ese anteproyecto de ley queremos frenar la impunidad de más de 20.000 denuncias realizadas contra autoridades del órgano judicial entre las cuales un porcentaje elevado se encuentran paralizadas y abandonadas por el quórum mínimo en el consejo de judicatura", explicó Morales.

El mandatario lamentó que el retardo de justicia sirva de "impunidad" a los servidores públicos.

Agregó que con esta iniciativa, que incluye la inhabilitación del cargo a las autoridades judiciales que cometan alguna falta o delito contra los litigantes en el ejercicio de su profesión, se pretende impedir que éstas "hagan un uso arbitrario e ilegal" de sus cargos.