MÉRIDA, Yuc., noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- En Yucatán anualmente son llevados a juicio unas 350 personas de origen indígena, principalmente mayas, que son asistidos por defensores de oficio que además hablan su lengua, aseguró el director de la Defensoria Legal del estado, Oswaldo Ortíz Matú.

Con casi el 60% de su población indígena, el gobierno del estado aprobó nuevas normas para permitir que los maya-hablantes acusados cuenten con el auxilio de un traductor, agregó.

En entrevista, el director de la Defensoria Legal del estado dijo que los acusados cuentan con un nuevo esquema en la procuración e impartición de justicia, que pretende disminuir la posibilidad de que sean victimas de errores judiciales.

Ortíz Matú dijo que entre las nuevas normas en favor de este segmento de la población está la Ley en Materia de Derecho y Cultura Maya, que procura su incorporación al desarrollo respetando sus usos y costumbres.

En dicho esquema, los jueces encargados de los casos tienen ventilarlos en la lengua de los acusados, conocer los usos y costumbres y la incorporación de instancias de apelación o de impugnaciones con especialistas en la materia indígena.

-Defensor de oficio Según el defensor de oficio maya, Edilberto Sulub, las reformas penales protegen al indígena y con esto se evita que ocurran casos como el ocurrido con el señor Ricardo Ucán Seca acusado de homicidio en el municipio de Akil, que en el año 2000 no pudo contar con un abogado maya-hablante, y su caso fue llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, mediante una queja en contra del Estado Mexicano.

Sobre este punto, el magistrado penal, Marcos Alejandro Celis Quintal, declaró que en virtud del alto porcentaje de indígenas yucatecos, históricamente se les había apoyado en sus procesos con traducciones a cargo del poder judicial.

Esa situación fue formalizada mediante reformas al Código Penal y Procesal Penal a iniciativa precisamente del Poder Judicial del Estado.

Dijo que en el estado existen diez juzgados penales, dos de ellos en los municipios de Valladolid y Tekax, en los que se atienden al año un promedio de 350 casos en que involucran a personas que hablan maya.

Al respecto, Oswaldo Ortíz Matú, director de la Defensoria Legal de la Consejuría Jurídica, resaltó que en la Defensoría Legal de la Consejería Jurídica, prestan servicio 91 defensores de oficio, de los cuales 15 hablan o entienden la lengua maya.

Expuso que por ley, los abogados públicos toman cursos de capacitación sobre Derecho Indígena, Formación y Acreditación de interpretes en Lengua Maya en los ámbitos de Procuración de Justicia.

Dichos cursos son organizados por el Instituto de Desarrollo de los Mayas (INDEMAYA) y el Comité de Desarrollo Indígena, así como por la propia Consejería Jurídica del gobierno del Estado.

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