El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por un dictamen de la Procuración General, quedaron a un paso de tener que revelar a la Justicia cuáles son los productos y comercios que el organismo toma en cuenta para calcular el índice de precios al consumidor (IPC), que refleja la inflación. La solución del caso ahora pasó a estudio de la Corte Suprema de Justicia.

El organismo pretende conservar esa información fuera del alcance judicial, amparándose bajo el secreto estadístico, que surge del decreto 3110, de 1970.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral instruye la causa caratulada "Moreno, Guillermo y otros, sobre violación de secreto" y la Fiscalía imputó varios delitos al secretario de Comercio Interior; a la directora de Indices de Precios al Consumidor, Beatriz Paglieri, y a la directora del Indec, Ana María Edwin, entre otros.

El magistrado había requerido al Indec que le entregara los parámetros para conocer cómo se elabora la información estadística. El organismo rechazó la orden judicial y Canicoba Corral allanó esa dependencia, por lo cual ya está en posesión de esa información. De todos modos, declaró la inconstitucionalidad del citado decreto.

El Indec recurrió esa declaración de inconstitucionalidad, pero la Sala II de la Cámara Federal, primero, y la Cámara de Casación, después, reafirmaron el criterio del magistrado.

Así, el tema pasó a estudio de la Procuración General, a cargo de Esteban Righi. El procurador fiscal Luis González Warcalde dictaminó ayer que la Justicia debe acceder a los datos del Indec y, ahora, el caso entró a estudio de la Corte Suprema.

Para el máximo fiscal penal, el Indec "no ha demostrado" que la entrega de información estadística a los jueces "no convendría al buen funcionamiento de la institución y a preservar, justamente, el manejo correcto de las fuentes".

Por lo tanto, concluyó González Warcalde, la Corte "puede rechazar esta queja", para lo cual le bastaría "denegar el recurso extraordinario".

"Como puede apreciarse, la recurrente ha fatigado en vano todas las jurisdicciones, del juzgado federal a la Cámara Federal y de Casación, y ahora a la Corte federal, con el fin de que se le habilite una instancia recursiva para hacer oír su oposición a la declaración de inconstitucionalidad hecha por el juez federal", afirmó González Warcalde.

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