consideró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de excarcelar primero el 12 de agosto a 20 indígenas sentenciados por este caso y hoy a otros nueve, hace más vulnerable al municipio.

Ello, dijo, porque el resarcimiento del tejido social pasa ahora por el castigo a los verdaderos culpables y a quienes torcieron las leyes, en este caso en el que 45 personas murieron en diciembre de 1997 en Acteal.

Alvarado Villatoro subrayó que la paz y la reconciliación de la zona no sólo dependen de la reubicación de las familias de los presos libres, sino de la justicia para todas las víctimas, los familiares y ahora los excarcelados.

Por ello, opinó que el entonces procurador de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, debería asumir su responsabilidad en el caso, así como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, su ex secretario, Homero Tovilla y el ex procurador Marco Bezares, entre otros ex funcionarios.

En opinión del legislador, antes de los hechos, había muchos intereses y después también, los cuales deben ser investigados para dar con quienes perpetraron los hechos material e intelectualmente.

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